Cuernavaca, Mor., a 1o. De Julio.- En sesión ordinaria del Congreso del Estado de Morelos, el Pleno aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Andrea Gordillo Vega para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y coordinación institucional en materia de protección y bienestar animal, con el propósito de prevenir actos de maltrato y crueldad con los animales.

La legisladora recordó que un video difundido recientemente en redes sociales, en el que un caballo perdió la vida tras ser embestido por un toro durante un espectáculo público, generó preocupación social y abrió el debate sobre la responsabilidad institucional para evitar que hechos similares vuelvan a suceder.

El acuerdo aprobado exhorta a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, a la Fiscalía General del Estado, a las autoridades de los municipios y al Ayuntamiento de Jojutla en particular, a garantizar el cumplimiento efectivo del marco jurídico en materia de protección y bienestar animal, así como a reforzar las acciones de prevención, vigilancia y coordinación institucional.

Andrea Gordillo destacó que la protección de los animales no es únicamente un acto de sensibilidad, sino una obligación constitucional y legal de todas las autoridades, ya que el bienestar animal fue incorporado al texto constitucional y que los animales son reconocidos como seres sintientes.

Precisó que el punto de acuerdo no busca prohibir actividades ni prejuzgar responsabilidades, sino fortalecer las acciones institucionales para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar actos de maltrato y crueldad animal.

Asimismo, plantea que las autoridades estatales refuercen la coordinación interinstitucional en materia de bienestar animal; que los 36 municipios ejerzan con responsabilidad sus facultades de autorización, inspección y vigilancia en eventos donde participen animales y que, en el caso específico de Jojutla, se investigue si la autorización del espectáculo referido se ajustó al marco jurídico vigente y, de ser procedente, se determinen las responsabilidades administrativas correspondientes.

La diputada subrayó que la legislación estatal ya prohíbe el maltrato y la crueldad animal, mientras que el Código Penal contempla sanciones para estas conductas, por lo que afirmó que hoy no se solicitan nuevas atribuciones, sino que las ya existentes se ejerzan con responsabilidad, sensibilidad y oportunidad.

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